El Aumento De los Homicidios en América Latina. Por Eduardo Leandro Sigüenza

 América Latina es la región más violenta del mundo, con las tasas de homicidios más elevadas y con la mayor incidencia de fenómenos como la violencia urbana, el secuestro, la justicia por mano propia y los conflictos ambientales. Este documento brinda un panorama de las formas, los protagonistas y los impactos económicos, sociales e institucionales de la violencia en América Latina, e identifica a grupos sociales particularmente vulnerables, como los jóvenes, las mujeres y los defensores de Derechos Humanos. El documento sirve de contexto para este número especial, que busca ser referencia para los estudiosos del tema.

 

Latinoamérica registra el 33 % de los casos de criminalidad en el mundo, aun cuando concentra solo el 8 % de la población del planeta. La presencia permanente y creciente del crimen organizado y las pandillas genera cada día nuevas víctimas que mantienen a la región como las más violenta a nivel mundial. También culpable de estos sucesos es por culpa del narcotráfico

 

El narcotráfico, en general, no busca derrocar a los gobiernos sino insertarse en el sistema y manipularlo desde dentro. Favorecer a sus intereses criminales y asegurar que el clima social no sea adverso a la producción y al comercio de drogas es el principal objetivo político de esta industria delictiva.21 jul. 2009

Corrupción, asesinatos, extorsión, debilidad institucional, inseguridad y problemas de salud pública, son algunas de las consecuencias con las que tropieza nuestro país tras haber sido permeado por el narcotráfico.31 ago. 2019

 

El gran negocio del narcotráfico es relativamente reciente, consecuencia de varios factores: el crecimiento explosivo de la demanda de drogas en el mercado estadounidense en los años 80, las políticas súbitamente más intransigentes de interdicción y erradicación, y la incorporación de la cocaína, importada de Colombia.

En Costa Rica, el conocimiento sobre la narcoviolencia, es decir, la violencia vinculada al narcotráfico y al narcomenudeo, es escaso y muy fragmentado. Este artículo tiene el objetivo de mostrar cuál es, a nivel nacional, el estado del arte sobre este tema. Unificando el conocimiento existente sobre la narcoviolencia, se brinda un análisis y síntesis que pueden servir a aquellos que, desde el sector público y la sociedad civil, quieran entender cuáles son las características principales de dicho fenómeno, con el fin de buscar e implementar nuevas soluciones.

 

 

Paulatinamente Costa Rica y Centroamérica se han convertido no solo en un lugar de paso de drogas, sino en un país consumidor, y la seducción del dinero rápido ha atrapado a muchos jóvenes cual si fueran empresas multinacionales intensificando su acción criminal por el dominio del mercado.
Sin embargo, es de conocimiento general, la crítica situación económica que padecen nuestra nación y Centroamérica, donde muchas personas pobres y otras desempleadas son el blanco perfecto para recurrir a esta clase de actividades ilícitas, donde los narcotraficantes se han atrincherado aprovechando la geografía y la falta de trabajo.

 

Los narcotraficantes utilizan las zonas rurales pobres para la producción de cultivos de drogas y los círculos de pobreza en las ciudades y pueblos para vender, traficar y consumir.
El clima de inseguridad y la lucha contra el narcotráfico ha puesto de manifiesto el ingente poder adquirido por los grupos organizados para cometer delitos y la frágil situación en la que nos encontramos los ciudadanos, porque las redes criminales se han extendido como un verdadero cáncer, que se han ido apropiando de tejidos sociales otrora sanos y honestos.

Esto supone que, aunque Centroamérica no se ubica como área productora ni como fuerza consumidora de importancia, el narcotráfico la ha seleccionado como ruta de tránsito entre los países productores y los consumidores, penetrando ampliamente en la región, debido fundamentalmente a la débil institucionalidad, un alarmante nivel de corrupción, impunidad y creciente pobreza.

 

 

Consumo está descriminalizado y la posesión de droga sólo es delito si se determina que la intención de la persona es para que “distribuya, comercie, suministre, fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, cultive, produzca, transporte, almacene o venda las drogas, las sustancias o los productos referidos en esta Ley, o cultive las plantas de las que se obtienen tales sustancias o productos” (Artículo 58 de la Ley 8204).

 

El modelo actual de prohibición logra a su vez, que el crimen organizado siente sus bases de manera profunda, al considerarse un tema tabú o delictivo, haciendo que no se instale en la agenda de los medios de comunicación y en el debate público, la importancia de encauzar la lucha contra los grupos organizados que controlan los negocios ilegales, en vez de reprimir a los campesinos productores, pequeños correos, vendedores de calle o consumidores (Campero, Vargas y Vergara, 2013).

Líderes costarricenses afirman que el tema debe abordarse con otra perspectiva, tomar el problema de las drogas como un problema de salud pública y no de derecho penal, en el que la prevención y la seguridad sean los principales ejes en los que realizar esfuerzos. Los costarricenses entienden que se ha conformado una economía de mercado, y hay una oferta para cada demanda, es por esto que surge la necesidad de reducir la venta a los principales países consumidores de drogas ilícitas, Estados Unidos y la Unión Europea, socios en la exportación de drogas producidas en América Latina. De las principales drogas que se consumen y se producen son la Marihuana, el Crack, la Cocaína y Nuevas Sustancias Psicoactivas, según el Informe Nacional sobre drogas 2017.

La República de Costa Rica, viene aplicando diversas acciones para combatir al Narcotráfico, reuniones diplomáticas con los países limítrofes con motivo de controlar el tráfico internacional, cooperación científica y experticia para abordar las problemáticas con soluciones exitosas como Colombia, la reforma parcial a la Ley de Estupefacientes N°.8204 con el fin de incluir proporcionalidad y especificidad de género en delitos específicos (2013), el debate que se instaló en la Asamblea Legislativa sobre la legalización de la marihuana medicinal (2014), la creación del Instituto Costarricense de Drogas y el Comisionado Nacional Antidrogas (2010). 

Finalmente, el narcotráfico es considerado como la mayor violación a los derechos humanos, porque su sola presencia aumenta notablemente la violencia provocando que la inseguridad y los delitos sean habituales, con consecuencias devastadoras para los habitantes del país, indiscutiblemente un problema de Estado cuya solución pasa necesariamente por una institucionalidad fuerte, e incorrupcion.